BOC: 2020/165 Protocolo de actuación para facilitar la elaboración de los planes de contingencia frente al COVID-19

Medidas de prevención en el ámbito turístico y comercial de la Comunidad Autónoma de Canarias

18/08/2020

En el contexto de la nueva normalidad, la prioridad absoluta del Gobierno de Canarias en materia económica radica en proteger y dar soporte al tejido productivo y social del Archipiélago, persiguiendo la pronta recuperación de la actividad y minimizando la destrucción del empleo.

Para alcanzar tales objetivos, resulta necesaria la adopción de medidas de carácter extraordinario y urgente tendentes a reducir al máximo el riesgo de nuevos brotes de coronavirus en las islas.

La apertura de las fronteras y el consecuente retorno de turistas suponen un favorable revulsivo para la economía de Canarias cuya dependencia del sector, que representa más del 40% del empleo en las Islas y aporta aproximadamente el 35% de su PIB, es innegable. Sus efectos de arrastre tienen incidencia sobre prácticamente la totalidad de los sectores económicos, en especial sobre los servicios, que constituyen el 86% del VAB del Archipiélago. Prueba de ello es que, desde el inicio de la emergencia sanitaria, se hayan sumado más de 53.200 personas a la lista de desempleados en la comunidad autónoma, mientras que casi 230.000 se han visto afectadas por expedientes de regulación temporal de empleo. Las pérdidas en este periodo en Canarias, en términos de PIB, alcanzarán los 7.000 millones de euros y la recaudación pública, de continuar con la actual situación, se enfrenta a una merma de 206 millones de euros mensuales.

No obstante, sus evidentes beneficios sociales y económicos, el turismo puede suponer un incremento del riesgo de nuevos brotes de la epidemia por la excepcional movilidad de las personas en los destinos. Las islas, con una población de algo más de dos millones de personas, reciben alrededor de 15 millones de visitantes al año, probablemente una de las ratios más altas del mundo. Esta especial vulnerabilidad exige la adopción de medidas de contención del virus de mayor contundencia que aquellas que se adopten en zonas donde esa movilidad es menor.

Asimismo, el perfil mayoritario de las personas que visitan las islas, con edades que en muchos casos superan los 60 años, se engloba en uno de los grupos con mayor riesgo de desarrollar COVID-19, de acuerdo con los criterios establecidos por la Organización Mundial de la Salud y el Ministerio de Sanidad.

La responsabilidad asumida por las instituciones canarias con el fin de garantizar y consolidar un entorno seguro en los aspectos social, económico y sanitario, del que se beneficien las personas residentes y visitantes; y la menor incidencia del coronavirus en la comunidad autónoma respecto de los territorios de origen de estos últimos, impone la necesidad de acudir a herramientas eficaces que hagan desaparecer los riesgos inminentes y extraordinarios de un rebrote, o mitigar al máximo los efectos de su eventual materialización.

Todo ello con el objeto de seguir garantizando la marca turística de Canarias como destino turístico seguro, que nos diferencia de nuestros principales competidores internacionales.

El establecimiento de medidas de privación o restricción de la libertad de movimiento, reconocida como derecho en el artículo 19 CE y el artículo 45 del Tratado de la Unión Europea, se encuentran legitimado, en el ámbito comunitario por el artículo 23 del Reglamento (CE) nº 562/2006, del Parlamento Europeo y del Consejo de 15 de marzo de 2006; y en el estatal por el artº. 43 CE que, tras reconocer el derecho a la salud, precisa que compete a los poderes públicos organizar y tutelar la salud pública a través de, entre otras medidas, las preventivas.

El desarrollo básico de este principio constitucional rector de la política social del Estado se recoge, entre otros textos, en la Ley Orgánica 3/1986, de 14 abril, sobre Medidas Especiales en Materia de Salud Pública, en la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad; y en la Ley Autonómica 11/1994, de 26 de julio, de Ordenación Sanitaria de Canarias.

El Gobierno de España, en ese marco, aprueba el Real Decreto-ley 21/2020, de 9 de junio, de medidas urgentes de prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.

Mediante Acuerdo de 19 de junio de 2020, el Gobierno de Canarias, por su parte, adopta un conjunto de medidas de prevención para hacer frente a la crisis sanitaria aplicables una vez superada la fase III del Plan para la transición hacia una nueva normalidad y finalizada la vigencia de las medidas propias del estado de alarma. Por Acuerdo de 2 de julio de 2020, el Gobierno de Canarias actualiza las medidas inicialmente adoptadas teniendo en cuenta la evolución positiva de la situación epidemiológica del archipiélago.

No obstante, se ha considerado necesario establecer un protocolo que posibilite a las empresas del sector turístico la realización de sus planes de contingencia específicos para garantizar el ejercicio de la actividad turística acorde con los deberes de mantenimiento de la calidad de sus servicios y de limpieza de la zona donde actúen, previstos en el artículo 13 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias, quedando garantizados así los derechos de los usuarios turísticos a una información veraz, calidad de los servicios y seguridad contemplados en los artículos 16, 17 y 18 del citado texto legal. Asimismo, se considera necesario establecer un protocolo que permita a los establecimientos comerciales desarrollar su actividad en condiciones de seguridad para los usuarios.

Para el establecimiento de este protocolo se tendrán en cuenta las medidas de prevención para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 establecidas por el Real Decreto ley 21/2020, de 9 de junio, por el Acuerdo del Gobierno de Canarias de 19 de junio de 2020, y por las continuas adaptaciones que las autoridades competentes vayan realizando.

En atención a lo expuesto, procede aprobar las instrucciones de actuación que permita a las empresas del sector turístico y comercial realizar sus planes de contingencia específicos, sin perjuicio de lo dispuesto por la normativa vigente.

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